Los casos de extorsión contra comerciantes, empresarios y prestadores de servicios persisten en Uruapan, Michoacán, a pesar del despliegue de elementos federales y las estrategias de seguridad implementadas tras el asesinato del exalcalde Carlos Manzo.
Durante recorridos y entrevistas con habitantes del municipio, se documentaron testimonios sobre amenazas y cobros ilegales atribuidos a organizaciones criminales que continúan operando en la región.
Entre los casos expuestos se encuentran empresarios cuyos establecimientos fueron atacados con armas de fuego y que posteriormente recibieron exigencias de hasta 50 mil pesos por concepto de cuotas. La problemática también alcanza a taxistas, propietarios de tortillerías, panaderías y otros negocios.
De acuerdo con los testimonios recabados, aunque durante la administración de Carlos Manzo se habrían registrado cambios en las prácticas de extorsión atribuidas a policías municipales y agentes de tránsito, los cobros relacionados con grupos delictivos continúan afectando a distintos sectores de la población.
En materia de seguridad, actualmente se mantiene la presencia de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, quienes realizan recorridos y establecen retenes en diferentes puntos de Uruapan.
Sin embargo, esta movilización no ha logrado generar tranquilidad entre los habitantes, quienes refieren que distintos grupos criminales se disputan el control de la zona. Incluso, se han reportado asaltos durante el día en establecimientos ubicados en las inmediaciones del centro histórico y edificios gubernamentales.
Otro de los aspectos que genera preocupación es la falta de confianza en los mecanismos de denuncia. Algunos afectados consideran que acudir ante las autoridades no garantiza una solución y, por el contrario, podría colocarlos en una situación de mayor vulnerabilidad frente a sus agresores.
Estas condiciones también han generado cuestionamientos sobre los resultados del Plan Michoacán, estrategia federal implementada después del homicidio de Carlos Manzo, particularmente en lo relacionado con el combate a la extorsión y la protección de las actividades comerciales.
En el ámbito político, el municipio enfrenta un escenario marcado por las diferencias entre actores locales y estatales, así como por las expectativas sobre una posible participación de la alcaldesa Grecia Quiroz en la contienda por la gubernatura de Michoacán, respaldada por el Movimiento del Sombrero.
A este panorama se suman las exigencias de esclarecer el asesinato del exalcalde y profundizar en distintas líneas de investigación, incluidos señalamientos sobre un posible involucramiento de integrantes de dicho movimiento, sin que estos planteamientos representen hechos comprobados.
Mientras tanto, la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones en Uruapan, donde comerciantes y habitantes mantienen sus exigencias de mayor protección y resultados concretos contra las organizaciones criminales.
